Tribunal de Conciencia

El primer Tribunal de Conciencia contra la Violencia Sexual hacia las Mujeres durante el Conflicto Armado en Guatemala, se realizó el 4 y 5 de marzo del 2011 y es considerada una acción política donde víctimas de este delito rompieron el silencio para contar la historia (todavía desconocida) sobre la violencia política, expresada como violencia de género, misma que fue empleada de manera masiva y sistemática como arma genocida, etnocida y femicida.

Este espacio para acceder a la justicia simbólica buscó promover un debate nacional acerca de los casos de violaciones sexuales como graves violaciones a los derechos humanos, se propone un primer paso en la búsqueda de justicia, resarcimiento y la exigencia que no se repitan tales delitos.

A este tribunal asistieron mujeres de diferentes partes del país, quienes llevaban güipiles o blusas blancas, resguardando su lugar de origen para evitar represalias. También hicieron presencia representantes de los diferentes organismos del Estado, cuerpo diplomático, Sistema de Naciones Unidas y Unión Europea, especialistas en Derecho Penal, organizaciones de mujeres nacionales y extranjeras, así como entidades de cooperación.

Rosalina Tuyuc, de CONAVIGUA, intervino diciendo “Hoy nos convoca el compromiso por la dignidad de quienes fueron violadas y algunas que darán su testimonio, son una luz, una muestra, de lo que ocurrió”, además mencionó los nombres de algunas víctimas violadas y masacradas durante el conflicto armado, entre ellas: las mujeres de Las Dos Erres,  Plan de Sánchez y otras comunidades, así como en diferentes destacamentos militares.

La fiscalía estuvo encabezada por dos especialistas en Derecho Penal, las destacadas abogadas María Eugenia Solís García y Juana María Balmaceda Ripero, reconocidas por su compromiso por la mejora de la justicia en campos como la violencia sexista y la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

Estas profesionales expusieron su teoría del caso. A través de una estrategia probatoria sensible al género, se demostró que es posible enjuiciar los hechos sin revictimizar a las sobrevivientes, y es posible reconstruir la historia y lo sucedido mediante medios probatorios que corroboran y sustentan la verdad expuesta por ellas, es decir, sin que la carga de la prueba recaiga o se centralice en las víctimas.

Juana Méndez (Guatemala), Gladys Canales (Perú), Teddy Atim (Uganda) y Shihoko Niikawa (Japón) fueron las magistradas de conciencia. Las tres primeras fueron víctimas de violación sexual en sus respectivos países y siguieron procesos judiciales para exigir justicia por estos crímenes. La representante japonesa promovió un tribunal donde se conoció los casos de las llamadas “mujeres de confort”, quienes sufrieron esclavitud sexual en la nación asiática.

Este acto tuvo traducción simultánea en los idiomas kaqchiquel, q’eqchi’, ixil, chu’j e inglés. A través de los testimonios de ocho mujeres se busca demostrar que la violación sexual fue un arma de guerra, que se practicó de manera rutinaria y sistemática. Los relatos fueron anónimos porque los perpetradores de tales delitos siguen viviendo en las comunidades donde habitan las víctimas y buscan proteger su seguridad ya que próximamente ellas presentarán sus demandas respectivas.

Previo a escuchar los testimonios de las víctimas, la Fiscalía dio pormenores del contexto en el que se cometieron los hechos, los diferentes efectos de la violación sexual y la falta de respuesta institucional. La abogada María Eugenia Solís García indicó que esos crímenes ocurrieron durante la llamada “Guerra Fría”, con la injerencia de Estados Unidos, como parte de la política contrainsurgente “Seguridad Nacional”, cuando la oligarquía guatemalteca apoyó la represión estatal a fin de conservar sus privilegios de clase.

A este evento asistieron personas nacionales y extranjeras, quienes actuaron como Juzgadoras en Conciencia, Testigas de Honor y Expertas en Peritajes. En la parte final del Tribunal, la presidenta de la mesa de juzgadoras entregó y dio a conocer el fallo en conciencia.